Por Pablo Martel Escobar, catedrático de Física de la ULPGC.
martes, 16 de diciembre de 2008
Bolonia y los estudios de Derecho
Por Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León. (El Mundo, 16/12/2008).
En las Facultades de Derecho españolas somos muchos los profesores discretos, con años de ejercicio y con un abultado currículum, que no damos crédito a lo que vemos. De nuevo estamos presenciando una reforma que se lleva por delante planes, títulos, contenidos de las asignaturas, en medio de la opacidad que proporciona un lenguaje cabalístico, preñado de una palabrería tan esotérica que llega a ser cómica: hay cientos de protocolos, evaluaciones, autoevaluaciones, habilidades, competencias, destrezas: un festival inventado por pedagogos a la violeta.
Fuera de este ruido que solo entienden los iniciados, lo que llama la atención de esta batahola es la falta de explicaciones acerca del alcance de la reforma por parte de las autoridades ministeriales. Es de notar que, pese a que buena parte de las competencias universitarias se hallan alojadas en las Comunidades autónomas, el organigrama de la Administración central sigue florido y en permanente crecimiento: contamos con ministerio, secretaría de Estado, direcciones generales, presidencias de Agencias… no nos falta de nada, estamos bien servidos. Pues bien, practicamente nadie de quienes ocupan tan elevadas poltronas se ha tomado la molestia de comparecer en los periódicos para, pluma en mano, explicarnos a los universitarios el arcano de sus designios y hacerlo en el lenguaje apropiado que merecemos quienes somos profesionales de la Universidad y por tanto no podemos aceptar camelos de bisutería política.
Porque ha de saberse que lo que Bolonia significa no es aceptado o es ampliamente discutido en países que merecen mucho crédito. En tal sentido, se conoce poco que en el documento firmado por los partidos cristiano-demócrata y social-demócrata para la formación del actual Gobierno alemán, en ese mismo importante y solemne documento, se rechaza «Bolonia» para los estudios de Derecho en las Facultades alemanas: «la formación de los juristas -puede leerse- ha de acomodarse a las exigencias de las profesiones jurídicas. Como no se advierte una necesidad en tal sentido, los partidos firmantes rechazan la incorporación del proceso de Bolonia a la formación de nuestros juristas».
A pesar de este precedente, silencio de nuestro mando hispano. Y para hacer juego, silencio de los mandados. Porque es de ver asimismo el mutismo de claustros, de juntas de Facultad o de profesores individuales. Pocos colegas han comparecido en los medios para exponer sus puntos de vista y esto vale para la Prensa nacional y, por lo que conozco, la regional, cuando ambas se han mostrado siempre solícitas a la hora de acoger las reflexiones de quienes a ellas se aventuren. Hay excepciones notables que mucho se agradecen pero que no hacen sino realzar el escenario de sigilo que denuncio. Resulta triste decirlo, y más para quienes humildemente luchamos contra las autoridades franquistas en el último tramo de la vida de la dictadura: había más vida en las juntas de Facultad de aquella época que en las de ahora. Infinitamente mayor conciencia pública, mayor valentía y mayor audacia. ¿Cómo es posible que la democracia haya tenido este efecto narcótico?
Y, por lo que se refiere a los estudios de derecho, silencio ominoso del Ministerio de Justicia y de los colegios profesionales, de abogados, de notarios etc, así como de las asociaciones de jueces y magistrados. ¿Es que no interesa a ninguno de ellos cuál sea la formación de los juristas? Muy en especial, me dirijo al Ministerio de Justicia ¿puede sin más desentenderse de lo que se va a enseñar en las facultades de Derecho? Pero ¿cómo es posible una indiferencia tan frívola?
Son ahora los estudiantes -pocos- quienes se han levantado en algunos centros contra la reforma enarbolando unas banderas que, aunque de forma confusa, dan en la diana de sus trucos. Así, por ejemplo, cuando denuncian la entrega de la Universidad y sus títulos a las necesidades de las empresas, lo cual es en esencia cierto porque llevamos muchos años oyendo la cantinela de que la Universidad ha de ponerse al servicio de la sociedad. Lo que es a un tiempo cierto y falso. Porque si las demandas sociales han de ser atendidas, será previa su adecuada valoración y, por supuesto, sin descuidar el mundo de las «Humanidades» o de los enfoques básicos imprescindibles -de la Filosofía, de la Física o de la Matemática-, hoy relegados a un último plano por un Gobierno que, encima, blasona de «progresismo». De forma un poco provocadora pero bien expresiva Tomás y Valiente nos dejó escrito que «la Universidad es y debe seguir siendo muy tradicional, profundamente sospechosa y un poco inútil». Bolonia. Precisamente a Bolonia debemos los juristas nuestro oficio. Allí nació la escuela de los glosadores que puso a punto, por medio de un nuevo método, el Derecho Romano justinianeo para ser utilizado en el espacio del Sacro Imperio Romano Germánico. Nada se entiende de la Historia de Europa desde el siglo XII para acá sin saber lo que Bolonia y sus juristas significaron.
Pues bien, de Bolonia viene ahora de nuevo un cambio en los métodos. Se trata de que docentes y discentes trabajen más y lo hagan en seminarios, en clases prácticas, en sesiones de debate … Todo ello debe destronar la «clase magistral», lo cual no quiere decir exiliarla porque, aunque parezca una exageración, aún quedan «maestros» en las Facultades de Derecho. Pocos pero quedan. Tales innovaciones han de ser bienvenidas y ni siquiera los viejos nos oponemos a ella, conscientes como somos de que nuestro trabajo tradicional se encuentra obsoleto desde hace muchos años, yo diría que desde Gutenberg.
Ahora bien, esta dimensión de la reforma nada tiene que ver con la entrega del diseño de las titulaciones y de los planes a las más de cincuenta Facultades españolas, es decir, a sus profesores y catedráticos y a sus descoloridos órganos de gobierno. Porque es de advertir a quienes viven fuera del «alma mater» que en ella cada centro universitario se dispone a aprobar en los próximos meses las reglas por las que se van a formar generaciones y generaciones de jóvenes licenciados en Derecho y lo hace prácticamente de manera libre (fuera de unos burocráticos controles a posteriori), guiados por una única brújula: los intereses individuales de los profesores -y de los estudiantes- que colaboran en estos desaguisados. Se suprimen asignaturas, se aumentan o se reducen horas lectivas en cambalaches de pasillos y en trueques de favores o en intercambio de venganzas. Así estamos y es bueno que lo sepan quienes me lean y viven al margen de este zoco.
Es decir, podríamos decir que, por un lado, hay Bolonia y, por otro, la variante española, que llamaremos de Chamberí, y que abarca todo aquello que se ha metido de matute por nuestras autoridades en el ambicioso plan de creación del espacio europeo. Pero de verdad ¿qué espacio europeo puede crearse cuando los planes de las Facultades de Derecho son distintos entre Valencia y Castellón, Sevilla y Córdoba, Santiago y La Coruña, León y Valladolid? ¿Qué posibilidades tendrán los estudiantes para la «movilidad»? Como bien se ha señalado en un documento de UPyD, antes que el espacio europeo habrá de crearse el espacio español, fragmentado en más de cincuenta pedazos a causa de nuestras invenciones y de la forma desorientada en que se está conduciendo el proceso.
Es hora de detener esta alocada carrera y autoridades para ello no nos faltan. Y es la hora llegada asimismo de formar una Comisión de juristas, todos de avanzada edad y sin intereses directos implicados, procedentes de las distintas profesiones jurídicas (catedráticos, abogados, magistrados, notarios …), para que formulen un plan uniforme y mínimo destinado a la formación de los licenciados en toda España. La única desgracia que le falta a la Justicia española es que se llegara a consumar la extravagancia en curso.
---martes, 9 de diciembre de 2008
Privatización y control de la Universidad
Por José María Asencio Mellado, catedrático de Derecho Procesal de la Univesidad de Alicante (informacion.es, 9/12/2008) >>>
El proceso de Bolonia y las sucesivas reformas que se están imponiendo en la Universidad tienen un fin concreto y meditado, aunque sea a medio o largo plazo: la privatización de la institución, la subordinación de ésta al mercado y la creación de una élite de estudiantes que, lejos de acceder por méritos a los estudios superiores, lo será, fundamentalmente, por los recursos con que cuenten.
Sólo hay que ver lo que se esconde tras los objetivos perfilados al momento del diseño de Bolonia que no fueron, aunque éste sea el explicitado con profusión, los de unificación europea del espacio universitario. Junto a éste, loable desde luego, aparecen los de subordinar la Universidad a las exigencias del mercado y los de modificar la financiación, minorando la inversión pública y aumentando la privada, siendo mecanismos destacados al efecto de modo expreso los de incremento de los precios de las matrículas, acercándolos al valor real del servicio y los de sustitución de las becas por préstamos a devolver en el futuro. Todo muy bien, si no fuera porque los recién licenciados suelen ser mileuristas que bastante tienen con pagar, si les llega, la hipoteca.
Que sea el mercado el que diseñe la Universidad constituye un criterio economicista que, más allá de suponer una relegación del conocimiento a la utilidad y el beneficio, implica que será el mercado el que determine qué carreras son útiles y cuáles merecen ser suprimidas, siendo las de humanidades, poco rentables económicamente, aunque lo sean importantes para el desarrollo humano, las que estarán en grave riesgo. Igualmente, será el mercado el que determine el número de alumnos de cada estudio, pues sólo se admitirá a aquellos que el mercado pueda absorber. Y, en fin, que los curricula se deberán articular, más allá de la adquisición de los conocimientos plenos de una carrera, atendiendo a criterios de especialización que hagan maestros absolutos de un poco e ignorantes del todo.
Nadie podrá ejercer profesión alguna con los cuatro años de las llamadas diplomaturas, pues para acceder a una profesión se exigirá una maestría (máster es palabra extraña a nuestro idioma) y las maestrías, como acredita la experiencia española y foránea, digan lo que digan, nunca podrán ser asumida por la Universidad con sus medios y a precios públicos. Serán privadas y con costes elevados. Decir lo contrario, cuando el Estado y las CC AA no piensan aportar ni un euro al nuevo modelo y cuando nuestras universidades están al borde de la quiebra, es una burda mentira que sólo pueden creer los que viven en la confianza en quienes han acreditado que no la merecen.
Reformar la Universidad es necesario, pero toda reforma debe hacerse atendiendo a unos objetivos y con unos medios que en este caso son el primero rechazable y, el segundo, inexistente. Que los métodos de docencia han de modificarse es algo que nadie discute y que, en todo caso, ya se está haciendo desde hace tiempo sin que nadie lo imponga, pues las evaluaciones continuas son un fenómeno cada vez más extendido. El problema es que nadie ha enseñado a profesores y alumnos método ninguno de enseñanza diferente a aquel en el que todos los que hoy estamos en la Universidad hemos aprendido, desde niños. Nos hemos formado en la clase magistral y en la superación de exámenes desde pequeños y no sabemos hacer otra cosa. Lo intentamos, pero los resultados, como mucho, son fruto del puro voluntarismo. Ni nosotros sabemos, ni los alumnos, en su mayoría, están preparados para asistir a clases al estilo norteamericano. No es el modelo que conocen y dominan. Una reforma del modelo educativo exige preparación y tiempo, algo similar a la EpC en inglés. Yo practico, sin que nadie me lo haya exigido, sino por convencimiento, el modelo Bolonia desde hace dos años, no hago exámenes, sigo evaluaciones continuas, los exámenes son prácticos. Puedo hablar, pues, con conocimiento de causa. Y doy fe de las extremas dificultades.
El profesorado está siendo sometido, paralelamente, a sistemas de control, llamados de calidad, que no sirven al efecto, sino sólo para reducir drásticamente el acceso de los jóvenes y, al fin, el número de profesores. Con sueldos bajos, mileuristas, pretenden mantener en puestos inestables a personas con edades cercanas a los cuarenta años que acumulan méritos tales como ser licenciados, doctores, premios extraordinarios de doctorado, con libros y artículos publicados, con becas en universidades extranjeras, etcétera. Y, a muchos que cuentan con estos méritos, les niegan la promoción sin que nadie, absolutamente nadie, lea sus trabajos, pues el control no se hace sobre la calidad de lo hecho, sino sobre estándares externos y medidos a peso, destacando más que la docencia o la investigación, la labor burocrática realizada y todo ello, de manera absolutamente inconstitucional, apreciado por personas anónimas, pues los informes sobre los que se hacen las valoraciones son redactados por sujetos desconocidos que actúan en la más absoluta impunidad. Es más, dichos evaluadores tampoco son de la materia valorada, de lo que cabe inferir que no son las obras lo que se analiza, sino un conjunto de criterios que nada tienen que ver con el mérito. Y en muchas ocasiones los que informan y valoran poseen muchos menos méritos que los evaluados, pues son designados a dedo, no por sorteo, por el Ministerio de Ciencia o la llamada ANECA, organismo privado ¿cómo no? que cumple las directrices gubernamentales. A dedo y anónimos. Y, en fin, los criterios de evaluación no constan ni en la ley, ni en los reglamentos, sino en decisiones internas de aquella agencia, careciendo de valor normativo, no obstante lo cual los anteponen, en clara infracción del principio de legalidad y de la seguridad jurídica, a las disposiciones legalmente establecidas, incluso con efecto retroactivo. Inquisición pura de un modelo incomprensiblemente propiciado por el actual Gobierno que, tarde o temprano, tiene que estallarle en las manos.
Por supuesto que el anterior sistema de acceso tenía graves inconvenientes y que había de ser desterrado, por las corruptelas de todos conocidas. No lo apoyo. Pero, entre aquel con sus deficiencias y el actual, oscurantista y que no atiende a los contenidos de los trabajos, sino a criterios estrictamente formalistas y discrecionales, con electos a dedo, no por sorteo y sin analizar el trabajo hecho en sus contenidos, prefiero el primero.
Malos tiempos para la Universidad y malos para la enseñanza en general. Al igual que sucede en la Justicia, hay que invertir en medios materiales y personales, saber qué se quiere y hacia dónde se camina. Genialidades todos las tenemos. Lo importante es sabernos limitados en nuestras invenciones y que no se aplauda a quien no está asistido de razón, por muchos pasillos ministeriales que recorra en detrimento de los que, al dedicarse a trabajar, carecen de disponibilidad de tiempo para tan ardua labor de intriga.
Y quien esto firma, no tiene ya que someterse, afortunadamente, a dichos controles. Mis opiniones, pues, son libres y desinteresadas.
José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la Univesidad de Alicante.
---
El proceso de Bolonia y las sucesivas reformas que se están imponiendo en la Universidad tienen un fin concreto y meditado, aunque sea a medio o largo plazo: la privatización de la institución, la subordinación de ésta al mercado y la creación de una élite de estudiantes que, lejos de acceder por méritos a los estudios superiores, lo será, fundamentalmente, por los recursos con que cuenten.
Sólo hay que ver lo que se esconde tras los objetivos perfilados al momento del diseño de Bolonia que no fueron, aunque éste sea el explicitado con profusión, los de unificación europea del espacio universitario. Junto a éste, loable desde luego, aparecen los de subordinar la Universidad a las exigencias del mercado y los de modificar la financiación, minorando la inversión pública y aumentando la privada, siendo mecanismos destacados al efecto de modo expreso los de incremento de los precios de las matrículas, acercándolos al valor real del servicio y los de sustitución de las becas por préstamos a devolver en el futuro. Todo muy bien, si no fuera porque los recién licenciados suelen ser mileuristas que bastante tienen con pagar, si les llega, la hipoteca.
Que sea el mercado el que diseñe la Universidad constituye un criterio economicista que, más allá de suponer una relegación del conocimiento a la utilidad y el beneficio, implica que será el mercado el que determine qué carreras son útiles y cuáles merecen ser suprimidas, siendo las de humanidades, poco rentables económicamente, aunque lo sean importantes para el desarrollo humano, las que estarán en grave riesgo. Igualmente, será el mercado el que determine el número de alumnos de cada estudio, pues sólo se admitirá a aquellos que el mercado pueda absorber. Y, en fin, que los curricula se deberán articular, más allá de la adquisición de los conocimientos plenos de una carrera, atendiendo a criterios de especialización que hagan maestros absolutos de un poco e ignorantes del todo.
Nadie podrá ejercer profesión alguna con los cuatro años de las llamadas diplomaturas, pues para acceder a una profesión se exigirá una maestría (máster es palabra extraña a nuestro idioma) y las maestrías, como acredita la experiencia española y foránea, digan lo que digan, nunca podrán ser asumida por la Universidad con sus medios y a precios públicos. Serán privadas y con costes elevados. Decir lo contrario, cuando el Estado y las CC AA no piensan aportar ni un euro al nuevo modelo y cuando nuestras universidades están al borde de la quiebra, es una burda mentira que sólo pueden creer los que viven en la confianza en quienes han acreditado que no la merecen.
Reformar la Universidad es necesario, pero toda reforma debe hacerse atendiendo a unos objetivos y con unos medios que en este caso son el primero rechazable y, el segundo, inexistente. Que los métodos de docencia han de modificarse es algo que nadie discute y que, en todo caso, ya se está haciendo desde hace tiempo sin que nadie lo imponga, pues las evaluaciones continuas son un fenómeno cada vez más extendido. El problema es que nadie ha enseñado a profesores y alumnos método ninguno de enseñanza diferente a aquel en el que todos los que hoy estamos en la Universidad hemos aprendido, desde niños. Nos hemos formado en la clase magistral y en la superación de exámenes desde pequeños y no sabemos hacer otra cosa. Lo intentamos, pero los resultados, como mucho, son fruto del puro voluntarismo. Ni nosotros sabemos, ni los alumnos, en su mayoría, están preparados para asistir a clases al estilo norteamericano. No es el modelo que conocen y dominan. Una reforma del modelo educativo exige preparación y tiempo, algo similar a la EpC en inglés. Yo practico, sin que nadie me lo haya exigido, sino por convencimiento, el modelo Bolonia desde hace dos años, no hago exámenes, sigo evaluaciones continuas, los exámenes son prácticos. Puedo hablar, pues, con conocimiento de causa. Y doy fe de las extremas dificultades.
El profesorado está siendo sometido, paralelamente, a sistemas de control, llamados de calidad, que no sirven al efecto, sino sólo para reducir drásticamente el acceso de los jóvenes y, al fin, el número de profesores. Con sueldos bajos, mileuristas, pretenden mantener en puestos inestables a personas con edades cercanas a los cuarenta años que acumulan méritos tales como ser licenciados, doctores, premios extraordinarios de doctorado, con libros y artículos publicados, con becas en universidades extranjeras, etcétera. Y, a muchos que cuentan con estos méritos, les niegan la promoción sin que nadie, absolutamente nadie, lea sus trabajos, pues el control no se hace sobre la calidad de lo hecho, sino sobre estándares externos y medidos a peso, destacando más que la docencia o la investigación, la labor burocrática realizada y todo ello, de manera absolutamente inconstitucional, apreciado por personas anónimas, pues los informes sobre los que se hacen las valoraciones son redactados por sujetos desconocidos que actúan en la más absoluta impunidad. Es más, dichos evaluadores tampoco son de la materia valorada, de lo que cabe inferir que no son las obras lo que se analiza, sino un conjunto de criterios que nada tienen que ver con el mérito. Y en muchas ocasiones los que informan y valoran poseen muchos menos méritos que los evaluados, pues son designados a dedo, no por sorteo, por el Ministerio de Ciencia o la llamada ANECA, organismo privado ¿cómo no? que cumple las directrices gubernamentales. A dedo y anónimos. Y, en fin, los criterios de evaluación no constan ni en la ley, ni en los reglamentos, sino en decisiones internas de aquella agencia, careciendo de valor normativo, no obstante lo cual los anteponen, en clara infracción del principio de legalidad y de la seguridad jurídica, a las disposiciones legalmente establecidas, incluso con efecto retroactivo. Inquisición pura de un modelo incomprensiblemente propiciado por el actual Gobierno que, tarde o temprano, tiene que estallarle en las manos.
Por supuesto que el anterior sistema de acceso tenía graves inconvenientes y que había de ser desterrado, por las corruptelas de todos conocidas. No lo apoyo. Pero, entre aquel con sus deficiencias y el actual, oscurantista y que no atiende a los contenidos de los trabajos, sino a criterios estrictamente formalistas y discrecionales, con electos a dedo, no por sorteo y sin analizar el trabajo hecho en sus contenidos, prefiero el primero.
Malos tiempos para la Universidad y malos para la enseñanza en general. Al igual que sucede en la Justicia, hay que invertir en medios materiales y personales, saber qué se quiere y hacia dónde se camina. Genialidades todos las tenemos. Lo importante es sabernos limitados en nuestras invenciones y que no se aplauda a quien no está asistido de razón, por muchos pasillos ministeriales que recorra en detrimento de los que, al dedicarse a trabajar, carecen de disponibilidad de tiempo para tan ardua labor de intriga.
Y quien esto firma, no tiene ya que someterse, afortunadamente, a dichos controles. Mis opiniones, pues, son libres y desinteresadas.
José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la Univesidad de Alicante.
---
martes, 11 de noviembre de 2008
Primer borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador de las Universidades españolas
Enlace al borrador en la web del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Enlace a la presentación del borrador en la web del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Una evaluación externa para ascender en la Universidad
(Reportaje publicado en El País, 11/11/2008)
---
Enlace a la presentación del borrador en la web del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Una evaluación externa para ascender en la Universidad
(Reportaje publicado en El País, 11/11/2008)
---
lunes, 10 de noviembre de 2008
La descomposición de la Universidad
Por José Luis Pardo, catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid (El País, 10/11/2008) >>>
Como sucede a menudo en política, la manera más segura de acallar toda resistencia contra un proceso regresivo y empobrecedor es exhibirlo ante la opinión pública de acuerdo con la demagógica estrategia que consiste en decirle a la gente, a propósito de tal proceso, exclusivamente lo que le agradará escuchar. Así, en el caso que nos ocupa, las autoridades encargadas de gestionar la reforma de las universidades que se está culminando en nuestro país -sea cual sea su lugar en el espectro político parlamentario- han presentado sistemáticamente este asunto como una saludable evolución al final de la cual se habrá conseguido que la práctica totalidad de los titulados superiores encuentren un empleo cualificado al acabar sus estudios, que los estudiantes puedan moverse libremente de una universidad europea a otra y que los diplomas expedidos por estas instituciones tengan la misma validez en todo el territorio de la Unión.
Como sucede a menudo en política, la manera más segura de acallar toda resistencia contra un proceso regresivo y empobrecedor es exhibirlo ante la opinión pública de acuerdo con la demagógica estrategia que consiste en decirle a la gente, a propósito de tal proceso, exclusivamente lo que le agradará escuchar. Así, en el caso que nos ocupa, las autoridades encargadas de gestionar la reforma de las universidades que se está culminando en nuestro país -sea cual sea su lugar en el espectro político parlamentario- han presentado sistemáticamente este asunto como una saludable evolución al final de la cual se habrá conseguido que la práctica totalidad de los titulados superiores encuentren un empleo cualificado al acabar sus estudios, que los estudiantes puedan moverse libremente de una universidad europea a otra y que los diplomas expedidos por estas instituciones tengan la misma validez en todo el territorio de la Unión.
Una vez establecido propagandísticamente que el llamado "proceso de Bolonia" consiste en esto y solamente en esto, nada resulta más sencillo que estigmatizar a quienes tenemos reservas críticas contra ese proceso como una caterva de locos irresponsables que, ya sea por defender anacrónicos privilegios corporativistas o por pertenecer a las huestes antisistema del Doctor Maligno, quieren que siga aumentando el paro entre los licenciados y rechazan la homologación de títulos y las becas en el extranjero por pura perfidia burocrática. Vaya, pues, por adelantado que el autor de estas líneas también encuentra deseables esos objetivos así proclamados, y que si se tratase de ellos nada tendría que oponer a la presente transformación de los estudios superiores.
Sin embargo, lo que las autoridades políticas no dicen -y, seguramente, tampoco la opinión pública se muere por saberlo- es que bajo ese nombre pomposo se desarrolla en España una operación a la vez más simple y más compleja de reconversión cultural destinada a reducir drásticamente el tamaño de las universidades -y ello no por razones científicas, lo que acaso estuviera plenamente justificado, sino únicamente por motivos contables- y a someter enteramente su régimen de funcionamiento a las necesidades del mercado y a las exigencias de las empresas, futuras empleadoras de sus titulados; una operación que, por lo demás, se encuadra en el contexto generalizado de descomposición de las instituciones características del Estado social de derecho y que concuerda con otros ejemplos financieramente sangrantes de subordinación de las arcas públicas al beneficio privado a que estamos asistiendo últimamente.
Habrá muchos para quienes estas tres cosas (la disminución del espacio universitario, la desaparición de la autonomía académica frente al mercado y la liquidación del Estado social) resulten harto convenientes, pero es preferible llamar a las cosas por su nombre y no presentar como una "revolución pedagógica" o un radical y beneficioso "cambio de paradigma" lo que sólo es un ajuste duro y un zarpazo mortal para las estructuras de la enseñanza pública, así como tomar plena conciencia de las consecuencias que implican las decisiones que en este sentido se están tomando. De estas consecuencias querría destacar al menos las tres que siguen.
1. La "sociedad del conocimiento". Este sintagma, casi convertido en una marca publicitaria que designa el puerto en el que han de desembarcar las actuales reformas, esconde en su interior, por una parte, la sustitución de los contenidos cognoscitivos por sus contenedores, ya que se confunde -en un ejercicio de papanatismo simpar- la instalación de dispositivos tecnológicos de informática aplicada en todas las instituciones educativas con el progreso mismo de la ciencia, como si los ordenadores generasen espontáneamente sabiduría y no fuesen perfectamente compatibles con la estupidez, la falsedad y la mendacidad; y, por otra parte, el "conocimiento" así invocado, que ha perdido todo apellido que pudiera cualificarlo o concretarlo -como lo perdieron en su día las artes, oficios y profesiones para convertirse en lo que Marx llamaba "una gelatina de trabajo humano totalmente indiferenciado", calculable en dinero por unidad de tiempo-, es el dramático resultado de la destrucción de las articulaciones teóricas y doctrinales de la investigación científica para convertirlas en habilidades y destrezas cotizables en el mercado empresarial. La reciente adscripción de las universidades al ministerio de las empresas tecnológicas no anuncia únicamente la sustitución de la lógica del saber científico por la del beneficio empresarial en la distribución de conocimientos, sino la renuncia de los poderes públicos a dar prioridad a una enseñanza de calidad capaz de contrarrestar las consecuencias políticas de las desigualdades socioeconómicas.
2. El nuevo mercado del saber. Cuando los defensores de la "sociedad del conocimiento" (con Anthony Giddens a la cabeza) afirman que el mercado laboral del futuro requerirá una mayoría de trabajadores con educación superior, no están refiriéndose a un aumento de cualificación científica sino más bien a lo contrario, a la necesidad de rebajar la cualificación de la enseñanza superior para adaptarla a las cambiantes necesidades mercantiles; que se exija la descomposición de los saberes científicos que antes configuraban la enseñanza superior y su reducción a las competencias requeridas en cada caso por el mercado de trabajo, y que además se destine a los individuos a proseguir esta "educación superior" a lo largo de toda su vida laboral es algo ya de por sí suficientemente expresivo: solamente una mano de obra (o de "conocimiento") completamente descualificada necesita una permanente recualificación, y sólo ella es apta -es decir, lo suficientemente inepta- para recibirla. Acaso por ello la nueva enseñanza universitaria empieza ya a denominarse "educación postsecundaria", es decir, una continuación indefinida de la enseñanza media (cosa especialmente preocupante en este país, en donde la reforma universitaria está siguiendo los mismos principios seudopedagógicos que han hecho de la educación secundaria el conocido desastre en que hoy está convertida): como confiesa el propio Giddens, la enseñanza superior va perdiendo, como profesión, el atractivo que en otro tiempo tuvo para algunos jóvenes de su generación, frente a otros empleos en la industria o la banca; y lo va perdiendo en la medida en que el profesorado universitario se va convirtiendo en un subsector de la "producción de conocimientos" para la industria y la banca.
3. El ocaso de los estudios superiores. No es de extrañar, por ello, que el "proceso" -de un modo genuinamente autóctono que ya no puede escudarse en instancias "europeas"- culmine en el atentado contra la profesión de profesor de bachillerato que denunciaba el pasado 3 de noviembre el Manifiesto publicado en este mismo periódico: reconociendo implícitamente el fracaso antes incluso de su implantación, la administración educativa admite que los nuevos títulos no capacitan a los egresados para la docencia, salida profesional casi exclusiva de los estudiantes de humanidades; pero, en lugar de complementarlos mediante unos conocimientos avanzados que paliarían el déficit de los contenidos científicos recortados, sustituye estos por un curso de orientación psicopedagógica que condena a los profesores y alumnos de secundaria a la indigencia intelectual y supone la desaparición a medio plazo de los estudios universitarios superiores en humanidades, ya que quienes necesitarían cursarlos se verán empujados por la necesidad a renunciar a ellos a favor del cursillo pedagógico.
Todos los que trabajamos en ella sabemos que la universidad española necesita urgentemente una reforma que ataje sus muchos males, pero no es eso lo que ahora estamos haciendo, entre otras cosas porque nadie se ha molestado en hacer de ellos un verdadero diagnóstico. Lo único que por ahora estamos haciendo, bajo una vaga e incontrastable promesa de competitividad futura, es destruir, abaratar y desmontar lo que había, introducir en la universidad el mismo malestar y desánimo que reinan en los institutos de secundaria, y ello sin ninguna idea rectora de cuál pueda ser el modelo al que nos estamos desplazando, porque seguramente no hay tal cosa, a menos que la pobreza cultural y la degradación del conocimiento en mercancía sean para alguien un modelo a imitar.
José Luis Pardo es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid.
---
lunes, 20 de octubre de 2008
"Una gran universidad no puede funcionar como un negocio"
Entevista: John Sexton, Presidente de la Universidad de Nueva York (El País, 20/10/2008)
J. A. AUNIÓN - Madrid - 20/10/2008
John Sexton gesticula con el mismo entusiasmo con el que habla de la Universidad como un "bien público". En un tiempo en el que de la educación superior se habla en términos de eficiencia, de su obligación de revertir beneficios cuantificables a la sociedad, el presidente de la Universidad de Nueva York (Sexton, de 66 años, lo es desde 2001) habla de pasiones, de centros que formen a los alumnos, no sólo en una disciplina, sino para tener "una buena vida", de la Universidad como "la mejor esperanza para llevar a la sociedad, a la vida de la gente, la inteligencia y el entendimiento".
Sexton viajó a Madrid recientemente porque la universidad neoyorquina celebró su 50 aniversario en Madrid con un programa en el que los alumnos pasan un semestre o un año en España. La Universidad de Nueva York, privada, es una de las mejores del mundo según las clasificaciones internacionales, está en mitad de un proyecto para convertirse "en una red global". Ya tiene campus en Argentina, China, Francia, Ghana, Reino Unido, Italia y Chequia; está a punto de abrir otros en México, Emiratos Árabes e Israel; y se está planteando crear otro campus más en Madrid. "Queremos hacer un modelo distinto de institución que no esté atada a un solo sitio -el mundo de las ideas y el talento es móvil-, porque si estás en un solo sitio vas a perder muchas cosas", dice.
Una universidad en los cinco continentes para un mundo globalizado. "El siglo XXI será el del conocimiento", en el que los motores de finanzas, los seguros y los bienes inmuebles serán sustituidos por la "inteligencia, la cultura y la educación".
Pero advierte de algo "que muchas veces los políticos pierden de vista": que esa sociedad del conocimiento no estará basada sólo en la ciencia y la tecnología, sino también en "las humanidades, las ciencias sociales, los escritores, los poetas, los artistas, los músicos...".
Sexton habla de la Universidad como una inversión a largo plazo -"es muy difícil que los políticos hagan inversiones a largo plazo, porque no dan votos a corto plazo", se queja-, y dice que así tendrían que verla los alumnos: "Demasiados buscan en su educación metas a corto plazo". Recurre a una anécdota para explicarlo. Su hija le mandó un email pidiéndole consejo porque en "el trabajo de sus sueños" se gana poco dinero. "Pero no quiero el discurso de 'persigue tus pasiones', quiero un consejo de mi padre el práctico", le escribió ella. Él contestó: "Éste es un consejo de tu padre el práctico: persigue tus pasiones. Porque si las sigues, no sabes dónde te llevarán, pero seguro que será a una vida feliz, seas rica o pobre".
Cuando se le pregunta por las universidades europeas, Sexton habla de los puntos fuertes del sistema estadounidense, al que se acerca el nuevo modelo europeo -la diversidad lleva a la competencia y ésta a la excelencia, dice-, pero advierte de que en EE UU está fallando el acceso "para todos basado en el talento". Tradicionalmente, Europa ha prestado menos atención en el primero, pero Sexton dice que nunca hay que perder de vista el tema del acceso.
Cuando se le habla de la necesidad, manifestada por la ministra española de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, de atraer fondos privados a la Universidad para poder alcanzar esa excelencia, Sexton se pone muy serio. "Ha habido un pernicioso cambio en la concepción de la Universidad. Ha pasado de considerarse un bien público a un bien privado", se queja, y EE UU llevó a aumentar muchísimo el precio de las matrículas incluso en los campus públicos. Y se queja de la falta de becas competitivas pagadas por las Administraciones que permitan a la gente más capaz estudiar gratis en la universidad que elija.
En España la situación es diferente. No está en cuestión el precio de las matrículas, sino la necesidad de atraer financiación de empresas privadas para hacer una universidad excelente. "¡Pero es lo mismo!", contesta. "Se trata de ver la Universidad como un bien público, no un bien privado. Si trasladas la responsabilidad al sector privado, ellos no responderán. En la zona del Golfo Pérsico, hay líderes que intentan crear un sistema universitario con un modelo de negocios: ellos invierten pero quieren sus retornos cuantificables. Eso está condenado al fracaso, porque ninguna universidad de primera línea, ninguna gran universidad puede tener éxito como un negocio. La Universidad de Nueva York es la universidad privada de mayor tamaño de EE UU y somos un fracaso como negocio, perdemos dinero todos los años", afirma.
---
J. A. AUNIÓN - Madrid - 20/10/2008
John Sexton gesticula con el mismo entusiasmo con el que habla de la Universidad como un "bien público". En un tiempo en el que de la educación superior se habla en términos de eficiencia, de su obligación de revertir beneficios cuantificables a la sociedad, el presidente de la Universidad de Nueva York (Sexton, de 66 años, lo es desde 2001) habla de pasiones, de centros que formen a los alumnos, no sólo en una disciplina, sino para tener "una buena vida", de la Universidad como "la mejor esperanza para llevar a la sociedad, a la vida de la gente, la inteligencia y el entendimiento".
Sexton viajó a Madrid recientemente porque la universidad neoyorquina celebró su 50 aniversario en Madrid con un programa en el que los alumnos pasan un semestre o un año en España. La Universidad de Nueva York, privada, es una de las mejores del mundo según las clasificaciones internacionales, está en mitad de un proyecto para convertirse "en una red global". Ya tiene campus en Argentina, China, Francia, Ghana, Reino Unido, Italia y Chequia; está a punto de abrir otros en México, Emiratos Árabes e Israel; y se está planteando crear otro campus más en Madrid. "Queremos hacer un modelo distinto de institución que no esté atada a un solo sitio -el mundo de las ideas y el talento es móvil-, porque si estás en un solo sitio vas a perder muchas cosas", dice.
Una universidad en los cinco continentes para un mundo globalizado. "El siglo XXI será el del conocimiento", en el que los motores de finanzas, los seguros y los bienes inmuebles serán sustituidos por la "inteligencia, la cultura y la educación".
Pero advierte de algo "que muchas veces los políticos pierden de vista": que esa sociedad del conocimiento no estará basada sólo en la ciencia y la tecnología, sino también en "las humanidades, las ciencias sociales, los escritores, los poetas, los artistas, los músicos...".
Sexton habla de la Universidad como una inversión a largo plazo -"es muy difícil que los políticos hagan inversiones a largo plazo, porque no dan votos a corto plazo", se queja-, y dice que así tendrían que verla los alumnos: "Demasiados buscan en su educación metas a corto plazo". Recurre a una anécdota para explicarlo. Su hija le mandó un email pidiéndole consejo porque en "el trabajo de sus sueños" se gana poco dinero. "Pero no quiero el discurso de 'persigue tus pasiones', quiero un consejo de mi padre el práctico", le escribió ella. Él contestó: "Éste es un consejo de tu padre el práctico: persigue tus pasiones. Porque si las sigues, no sabes dónde te llevarán, pero seguro que será a una vida feliz, seas rica o pobre".
Cuando se le pregunta por las universidades europeas, Sexton habla de los puntos fuertes del sistema estadounidense, al que se acerca el nuevo modelo europeo -la diversidad lleva a la competencia y ésta a la excelencia, dice-, pero advierte de que en EE UU está fallando el acceso "para todos basado en el talento". Tradicionalmente, Europa ha prestado menos atención en el primero, pero Sexton dice que nunca hay que perder de vista el tema del acceso.
Cuando se le habla de la necesidad, manifestada por la ministra española de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, de atraer fondos privados a la Universidad para poder alcanzar esa excelencia, Sexton se pone muy serio. "Ha habido un pernicioso cambio en la concepción de la Universidad. Ha pasado de considerarse un bien público a un bien privado", se queja, y EE UU llevó a aumentar muchísimo el precio de las matrículas incluso en los campus públicos. Y se queja de la falta de becas competitivas pagadas por las Administraciones que permitan a la gente más capaz estudiar gratis en la universidad que elija.
En España la situación es diferente. No está en cuestión el precio de las matrículas, sino la necesidad de atraer financiación de empresas privadas para hacer una universidad excelente. "¡Pero es lo mismo!", contesta. "Se trata de ver la Universidad como un bien público, no un bien privado. Si trasladas la responsabilidad al sector privado, ellos no responderán. En la zona del Golfo Pérsico, hay líderes que intentan crear un sistema universitario con un modelo de negocios: ellos invierten pero quieren sus retornos cuantificables. Eso está condenado al fracaso, porque ninguna universidad de primera línea, ninguna gran universidad puede tener éxito como un negocio. La Universidad de Nueva York es la universidad privada de mayor tamaño de EE UU y somos un fracaso como negocio, perdemos dinero todos los años", afirma.
---
Suscribirse a:
Entradas (Atom)