Por Pablo Martel Escobar, catedrático de Física de la ULPGC.
martes, 16 de diciembre de 2008
Bolonia y los estudios de Derecho
Por Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León. (El Mundo, 16/12/2008).
En las Facultades de Derecho españolas somos muchos los profesores discretos, con años de ejercicio y con un abultado currículum, que no damos crédito a lo que vemos. De nuevo estamos presenciando una reforma que se lleva por delante planes, títulos, contenidos de las asignaturas, en medio de la opacidad que proporciona un lenguaje cabalístico, preñado de una palabrería tan esotérica que llega a ser cómica: hay cientos de protocolos, evaluaciones, autoevaluaciones, habilidades, competencias, destrezas: un festival inventado por pedagogos a la violeta.
Fuera de este ruido que solo entienden los iniciados, lo que llama la atención de esta batahola es la falta de explicaciones acerca del alcance de la reforma por parte de las autoridades ministeriales. Es de notar que, pese a que buena parte de las competencias universitarias se hallan alojadas en las Comunidades autónomas, el organigrama de la Administración central sigue florido y en permanente crecimiento: contamos con ministerio, secretaría de Estado, direcciones generales, presidencias de Agencias… no nos falta de nada, estamos bien servidos. Pues bien, practicamente nadie de quienes ocupan tan elevadas poltronas se ha tomado la molestia de comparecer en los periódicos para, pluma en mano, explicarnos a los universitarios el arcano de sus designios y hacerlo en el lenguaje apropiado que merecemos quienes somos profesionales de la Universidad y por tanto no podemos aceptar camelos de bisutería política.
Porque ha de saberse que lo que Bolonia significa no es aceptado o es ampliamente discutido en países que merecen mucho crédito. En tal sentido, se conoce poco que en el documento firmado por los partidos cristiano-demócrata y social-demócrata para la formación del actual Gobierno alemán, en ese mismo importante y solemne documento, se rechaza «Bolonia» para los estudios de Derecho en las Facultades alemanas: «la formación de los juristas -puede leerse- ha de acomodarse a las exigencias de las profesiones jurídicas. Como no se advierte una necesidad en tal sentido, los partidos firmantes rechazan la incorporación del proceso de Bolonia a la formación de nuestros juristas».
A pesar de este precedente, silencio de nuestro mando hispano. Y para hacer juego, silencio de los mandados. Porque es de ver asimismo el mutismo de claustros, de juntas de Facultad o de profesores individuales. Pocos colegas han comparecido en los medios para exponer sus puntos de vista y esto vale para la Prensa nacional y, por lo que conozco, la regional, cuando ambas se han mostrado siempre solícitas a la hora de acoger las reflexiones de quienes a ellas se aventuren. Hay excepciones notables que mucho se agradecen pero que no hacen sino realzar el escenario de sigilo que denuncio. Resulta triste decirlo, y más para quienes humildemente luchamos contra las autoridades franquistas en el último tramo de la vida de la dictadura: había más vida en las juntas de Facultad de aquella época que en las de ahora. Infinitamente mayor conciencia pública, mayor valentía y mayor audacia. ¿Cómo es posible que la democracia haya tenido este efecto narcótico?
Y, por lo que se refiere a los estudios de derecho, silencio ominoso del Ministerio de Justicia y de los colegios profesionales, de abogados, de notarios etc, así como de las asociaciones de jueces y magistrados. ¿Es que no interesa a ninguno de ellos cuál sea la formación de los juristas? Muy en especial, me dirijo al Ministerio de Justicia ¿puede sin más desentenderse de lo que se va a enseñar en las facultades de Derecho? Pero ¿cómo es posible una indiferencia tan frívola?
Son ahora los estudiantes -pocos- quienes se han levantado en algunos centros contra la reforma enarbolando unas banderas que, aunque de forma confusa, dan en la diana de sus trucos. Así, por ejemplo, cuando denuncian la entrega de la Universidad y sus títulos a las necesidades de las empresas, lo cual es en esencia cierto porque llevamos muchos años oyendo la cantinela de que la Universidad ha de ponerse al servicio de la sociedad. Lo que es a un tiempo cierto y falso. Porque si las demandas sociales han de ser atendidas, será previa su adecuada valoración y, por supuesto, sin descuidar el mundo de las «Humanidades» o de los enfoques básicos imprescindibles -de la Filosofía, de la Física o de la Matemática-, hoy relegados a un último plano por un Gobierno que, encima, blasona de «progresismo». De forma un poco provocadora pero bien expresiva Tomás y Valiente nos dejó escrito que «la Universidad es y debe seguir siendo muy tradicional, profundamente sospechosa y un poco inútil». Bolonia. Precisamente a Bolonia debemos los juristas nuestro oficio. Allí nació la escuela de los glosadores que puso a punto, por medio de un nuevo método, el Derecho Romano justinianeo para ser utilizado en el espacio del Sacro Imperio Romano Germánico. Nada se entiende de la Historia de Europa desde el siglo XII para acá sin saber lo que Bolonia y sus juristas significaron.
Pues bien, de Bolonia viene ahora de nuevo un cambio en los métodos. Se trata de que docentes y discentes trabajen más y lo hagan en seminarios, en clases prácticas, en sesiones de debate … Todo ello debe destronar la «clase magistral», lo cual no quiere decir exiliarla porque, aunque parezca una exageración, aún quedan «maestros» en las Facultades de Derecho. Pocos pero quedan. Tales innovaciones han de ser bienvenidas y ni siquiera los viejos nos oponemos a ella, conscientes como somos de que nuestro trabajo tradicional se encuentra obsoleto desde hace muchos años, yo diría que desde Gutenberg.
Ahora bien, esta dimensión de la reforma nada tiene que ver con la entrega del diseño de las titulaciones y de los planes a las más de cincuenta Facultades españolas, es decir, a sus profesores y catedráticos y a sus descoloridos órganos de gobierno. Porque es de advertir a quienes viven fuera del «alma mater» que en ella cada centro universitario se dispone a aprobar en los próximos meses las reglas por las que se van a formar generaciones y generaciones de jóvenes licenciados en Derecho y lo hace prácticamente de manera libre (fuera de unos burocráticos controles a posteriori), guiados por una única brújula: los intereses individuales de los profesores -y de los estudiantes- que colaboran en estos desaguisados. Se suprimen asignaturas, se aumentan o se reducen horas lectivas en cambalaches de pasillos y en trueques de favores o en intercambio de venganzas. Así estamos y es bueno que lo sepan quienes me lean y viven al margen de este zoco.
Es decir, podríamos decir que, por un lado, hay Bolonia y, por otro, la variante española, que llamaremos de Chamberí, y que abarca todo aquello que se ha metido de matute por nuestras autoridades en el ambicioso plan de creación del espacio europeo. Pero de verdad ¿qué espacio europeo puede crearse cuando los planes de las Facultades de Derecho son distintos entre Valencia y Castellón, Sevilla y Córdoba, Santiago y La Coruña, León y Valladolid? ¿Qué posibilidades tendrán los estudiantes para la «movilidad»? Como bien se ha señalado en un documento de UPyD, antes que el espacio europeo habrá de crearse el espacio español, fragmentado en más de cincuenta pedazos a causa de nuestras invenciones y de la forma desorientada en que se está conduciendo el proceso.
Es hora de detener esta alocada carrera y autoridades para ello no nos faltan. Y es la hora llegada asimismo de formar una Comisión de juristas, todos de avanzada edad y sin intereses directos implicados, procedentes de las distintas profesiones jurídicas (catedráticos, abogados, magistrados, notarios …), para que formulen un plan uniforme y mínimo destinado a la formación de los licenciados en toda España. La única desgracia que le falta a la Justicia española es que se llegara a consumar la extravagancia en curso.
---martes, 9 de diciembre de 2008
Privatización y control de la Universidad
Por José María Asencio Mellado, catedrático de Derecho Procesal de la Univesidad de Alicante (informacion.es, 9/12/2008) >>>
El proceso de Bolonia y las sucesivas reformas que se están imponiendo en la Universidad tienen un fin concreto y meditado, aunque sea a medio o largo plazo: la privatización de la institución, la subordinación de ésta al mercado y la creación de una élite de estudiantes que, lejos de acceder por méritos a los estudios superiores, lo será, fundamentalmente, por los recursos con que cuenten.
Sólo hay que ver lo que se esconde tras los objetivos perfilados al momento del diseño de Bolonia que no fueron, aunque éste sea el explicitado con profusión, los de unificación europea del espacio universitario. Junto a éste, loable desde luego, aparecen los de subordinar la Universidad a las exigencias del mercado y los de modificar la financiación, minorando la inversión pública y aumentando la privada, siendo mecanismos destacados al efecto de modo expreso los de incremento de los precios de las matrículas, acercándolos al valor real del servicio y los de sustitución de las becas por préstamos a devolver en el futuro. Todo muy bien, si no fuera porque los recién licenciados suelen ser mileuristas que bastante tienen con pagar, si les llega, la hipoteca.
Que sea el mercado el que diseñe la Universidad constituye un criterio economicista que, más allá de suponer una relegación del conocimiento a la utilidad y el beneficio, implica que será el mercado el que determine qué carreras son útiles y cuáles merecen ser suprimidas, siendo las de humanidades, poco rentables económicamente, aunque lo sean importantes para el desarrollo humano, las que estarán en grave riesgo. Igualmente, será el mercado el que determine el número de alumnos de cada estudio, pues sólo se admitirá a aquellos que el mercado pueda absorber. Y, en fin, que los curricula se deberán articular, más allá de la adquisición de los conocimientos plenos de una carrera, atendiendo a criterios de especialización que hagan maestros absolutos de un poco e ignorantes del todo.
Nadie podrá ejercer profesión alguna con los cuatro años de las llamadas diplomaturas, pues para acceder a una profesión se exigirá una maestría (máster es palabra extraña a nuestro idioma) y las maestrías, como acredita la experiencia española y foránea, digan lo que digan, nunca podrán ser asumida por la Universidad con sus medios y a precios públicos. Serán privadas y con costes elevados. Decir lo contrario, cuando el Estado y las CC AA no piensan aportar ni un euro al nuevo modelo y cuando nuestras universidades están al borde de la quiebra, es una burda mentira que sólo pueden creer los que viven en la confianza en quienes han acreditado que no la merecen.
Reformar la Universidad es necesario, pero toda reforma debe hacerse atendiendo a unos objetivos y con unos medios que en este caso son el primero rechazable y, el segundo, inexistente. Que los métodos de docencia han de modificarse es algo que nadie discute y que, en todo caso, ya se está haciendo desde hace tiempo sin que nadie lo imponga, pues las evaluaciones continuas son un fenómeno cada vez más extendido. El problema es que nadie ha enseñado a profesores y alumnos método ninguno de enseñanza diferente a aquel en el que todos los que hoy estamos en la Universidad hemos aprendido, desde niños. Nos hemos formado en la clase magistral y en la superación de exámenes desde pequeños y no sabemos hacer otra cosa. Lo intentamos, pero los resultados, como mucho, son fruto del puro voluntarismo. Ni nosotros sabemos, ni los alumnos, en su mayoría, están preparados para asistir a clases al estilo norteamericano. No es el modelo que conocen y dominan. Una reforma del modelo educativo exige preparación y tiempo, algo similar a la EpC en inglés. Yo practico, sin que nadie me lo haya exigido, sino por convencimiento, el modelo Bolonia desde hace dos años, no hago exámenes, sigo evaluaciones continuas, los exámenes son prácticos. Puedo hablar, pues, con conocimiento de causa. Y doy fe de las extremas dificultades.
El profesorado está siendo sometido, paralelamente, a sistemas de control, llamados de calidad, que no sirven al efecto, sino sólo para reducir drásticamente el acceso de los jóvenes y, al fin, el número de profesores. Con sueldos bajos, mileuristas, pretenden mantener en puestos inestables a personas con edades cercanas a los cuarenta años que acumulan méritos tales como ser licenciados, doctores, premios extraordinarios de doctorado, con libros y artículos publicados, con becas en universidades extranjeras, etcétera. Y, a muchos que cuentan con estos méritos, les niegan la promoción sin que nadie, absolutamente nadie, lea sus trabajos, pues el control no se hace sobre la calidad de lo hecho, sino sobre estándares externos y medidos a peso, destacando más que la docencia o la investigación, la labor burocrática realizada y todo ello, de manera absolutamente inconstitucional, apreciado por personas anónimas, pues los informes sobre los que se hacen las valoraciones son redactados por sujetos desconocidos que actúan en la más absoluta impunidad. Es más, dichos evaluadores tampoco son de la materia valorada, de lo que cabe inferir que no son las obras lo que se analiza, sino un conjunto de criterios que nada tienen que ver con el mérito. Y en muchas ocasiones los que informan y valoran poseen muchos menos méritos que los evaluados, pues son designados a dedo, no por sorteo, por el Ministerio de Ciencia o la llamada ANECA, organismo privado ¿cómo no? que cumple las directrices gubernamentales. A dedo y anónimos. Y, en fin, los criterios de evaluación no constan ni en la ley, ni en los reglamentos, sino en decisiones internas de aquella agencia, careciendo de valor normativo, no obstante lo cual los anteponen, en clara infracción del principio de legalidad y de la seguridad jurídica, a las disposiciones legalmente establecidas, incluso con efecto retroactivo. Inquisición pura de un modelo incomprensiblemente propiciado por el actual Gobierno que, tarde o temprano, tiene que estallarle en las manos.
Por supuesto que el anterior sistema de acceso tenía graves inconvenientes y que había de ser desterrado, por las corruptelas de todos conocidas. No lo apoyo. Pero, entre aquel con sus deficiencias y el actual, oscurantista y que no atiende a los contenidos de los trabajos, sino a criterios estrictamente formalistas y discrecionales, con electos a dedo, no por sorteo y sin analizar el trabajo hecho en sus contenidos, prefiero el primero.
Malos tiempos para la Universidad y malos para la enseñanza en general. Al igual que sucede en la Justicia, hay que invertir en medios materiales y personales, saber qué se quiere y hacia dónde se camina. Genialidades todos las tenemos. Lo importante es sabernos limitados en nuestras invenciones y que no se aplauda a quien no está asistido de razón, por muchos pasillos ministeriales que recorra en detrimento de los que, al dedicarse a trabajar, carecen de disponibilidad de tiempo para tan ardua labor de intriga.
Y quien esto firma, no tiene ya que someterse, afortunadamente, a dichos controles. Mis opiniones, pues, son libres y desinteresadas.
José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la Univesidad de Alicante.
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El proceso de Bolonia y las sucesivas reformas que se están imponiendo en la Universidad tienen un fin concreto y meditado, aunque sea a medio o largo plazo: la privatización de la institución, la subordinación de ésta al mercado y la creación de una élite de estudiantes que, lejos de acceder por méritos a los estudios superiores, lo será, fundamentalmente, por los recursos con que cuenten.
Sólo hay que ver lo que se esconde tras los objetivos perfilados al momento del diseño de Bolonia que no fueron, aunque éste sea el explicitado con profusión, los de unificación europea del espacio universitario. Junto a éste, loable desde luego, aparecen los de subordinar la Universidad a las exigencias del mercado y los de modificar la financiación, minorando la inversión pública y aumentando la privada, siendo mecanismos destacados al efecto de modo expreso los de incremento de los precios de las matrículas, acercándolos al valor real del servicio y los de sustitución de las becas por préstamos a devolver en el futuro. Todo muy bien, si no fuera porque los recién licenciados suelen ser mileuristas que bastante tienen con pagar, si les llega, la hipoteca.
Que sea el mercado el que diseñe la Universidad constituye un criterio economicista que, más allá de suponer una relegación del conocimiento a la utilidad y el beneficio, implica que será el mercado el que determine qué carreras son útiles y cuáles merecen ser suprimidas, siendo las de humanidades, poco rentables económicamente, aunque lo sean importantes para el desarrollo humano, las que estarán en grave riesgo. Igualmente, será el mercado el que determine el número de alumnos de cada estudio, pues sólo se admitirá a aquellos que el mercado pueda absorber. Y, en fin, que los curricula se deberán articular, más allá de la adquisición de los conocimientos plenos de una carrera, atendiendo a criterios de especialización que hagan maestros absolutos de un poco e ignorantes del todo.
Nadie podrá ejercer profesión alguna con los cuatro años de las llamadas diplomaturas, pues para acceder a una profesión se exigirá una maestría (máster es palabra extraña a nuestro idioma) y las maestrías, como acredita la experiencia española y foránea, digan lo que digan, nunca podrán ser asumida por la Universidad con sus medios y a precios públicos. Serán privadas y con costes elevados. Decir lo contrario, cuando el Estado y las CC AA no piensan aportar ni un euro al nuevo modelo y cuando nuestras universidades están al borde de la quiebra, es una burda mentira que sólo pueden creer los que viven en la confianza en quienes han acreditado que no la merecen.
Reformar la Universidad es necesario, pero toda reforma debe hacerse atendiendo a unos objetivos y con unos medios que en este caso son el primero rechazable y, el segundo, inexistente. Que los métodos de docencia han de modificarse es algo que nadie discute y que, en todo caso, ya se está haciendo desde hace tiempo sin que nadie lo imponga, pues las evaluaciones continuas son un fenómeno cada vez más extendido. El problema es que nadie ha enseñado a profesores y alumnos método ninguno de enseñanza diferente a aquel en el que todos los que hoy estamos en la Universidad hemos aprendido, desde niños. Nos hemos formado en la clase magistral y en la superación de exámenes desde pequeños y no sabemos hacer otra cosa. Lo intentamos, pero los resultados, como mucho, son fruto del puro voluntarismo. Ni nosotros sabemos, ni los alumnos, en su mayoría, están preparados para asistir a clases al estilo norteamericano. No es el modelo que conocen y dominan. Una reforma del modelo educativo exige preparación y tiempo, algo similar a la EpC en inglés. Yo practico, sin que nadie me lo haya exigido, sino por convencimiento, el modelo Bolonia desde hace dos años, no hago exámenes, sigo evaluaciones continuas, los exámenes son prácticos. Puedo hablar, pues, con conocimiento de causa. Y doy fe de las extremas dificultades.
El profesorado está siendo sometido, paralelamente, a sistemas de control, llamados de calidad, que no sirven al efecto, sino sólo para reducir drásticamente el acceso de los jóvenes y, al fin, el número de profesores. Con sueldos bajos, mileuristas, pretenden mantener en puestos inestables a personas con edades cercanas a los cuarenta años que acumulan méritos tales como ser licenciados, doctores, premios extraordinarios de doctorado, con libros y artículos publicados, con becas en universidades extranjeras, etcétera. Y, a muchos que cuentan con estos méritos, les niegan la promoción sin que nadie, absolutamente nadie, lea sus trabajos, pues el control no se hace sobre la calidad de lo hecho, sino sobre estándares externos y medidos a peso, destacando más que la docencia o la investigación, la labor burocrática realizada y todo ello, de manera absolutamente inconstitucional, apreciado por personas anónimas, pues los informes sobre los que se hacen las valoraciones son redactados por sujetos desconocidos que actúan en la más absoluta impunidad. Es más, dichos evaluadores tampoco son de la materia valorada, de lo que cabe inferir que no son las obras lo que se analiza, sino un conjunto de criterios que nada tienen que ver con el mérito. Y en muchas ocasiones los que informan y valoran poseen muchos menos méritos que los evaluados, pues son designados a dedo, no por sorteo, por el Ministerio de Ciencia o la llamada ANECA, organismo privado ¿cómo no? que cumple las directrices gubernamentales. A dedo y anónimos. Y, en fin, los criterios de evaluación no constan ni en la ley, ni en los reglamentos, sino en decisiones internas de aquella agencia, careciendo de valor normativo, no obstante lo cual los anteponen, en clara infracción del principio de legalidad y de la seguridad jurídica, a las disposiciones legalmente establecidas, incluso con efecto retroactivo. Inquisición pura de un modelo incomprensiblemente propiciado por el actual Gobierno que, tarde o temprano, tiene que estallarle en las manos.
Por supuesto que el anterior sistema de acceso tenía graves inconvenientes y que había de ser desterrado, por las corruptelas de todos conocidas. No lo apoyo. Pero, entre aquel con sus deficiencias y el actual, oscurantista y que no atiende a los contenidos de los trabajos, sino a criterios estrictamente formalistas y discrecionales, con electos a dedo, no por sorteo y sin analizar el trabajo hecho en sus contenidos, prefiero el primero.
Malos tiempos para la Universidad y malos para la enseñanza en general. Al igual que sucede en la Justicia, hay que invertir en medios materiales y personales, saber qué se quiere y hacia dónde se camina. Genialidades todos las tenemos. Lo importante es sabernos limitados en nuestras invenciones y que no se aplauda a quien no está asistido de razón, por muchos pasillos ministeriales que recorra en detrimento de los que, al dedicarse a trabajar, carecen de disponibilidad de tiempo para tan ardua labor de intriga.
Y quien esto firma, no tiene ya que someterse, afortunadamente, a dichos controles. Mis opiniones, pues, son libres y desinteresadas.
José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la Univesidad de Alicante.
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